Simposio “Perspectivas de los medios públicos en la era de la digitalización”
Intervención de la Mtra. Fidela Navarro Rodríguez
Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2008
Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2008
Sin duda alguna, y como remite el título de este simposio, los medios públicos tienen nuevas y diferentes perspectivas en una etapa bautizada como “la era digitalización”. El desarrollo de las nuevas tecnologías hace que surjan nuevos medios y que los actuales tengan que actualizarse, avanzar y adaptarse a las diferentes demandas y necesidades sociales.
No es nada fácil conseguirlo. La digitalización nos tiene a todos apantallados y preocupados; apantallados por la alta calidad técnica y visual que consigue y por las aplicaciones, eficiencia y resultados que permite; pero preocupados también por lo que cuesta e implica, tanto en el terreno económico como en el político y en el profesional. De no conseguir los medios públicos estar a la altura y a la par de esta conversión y era digital, el atraso y la incompetencia serían un mal augurio para su futuro.
El aspecto de la digitalización, sin embargo, es uno de los muchos retos que enfrentan los medios en general y los públicos en lo particular. Para poder avanzar en esta era digital, hay primero que enfrentar una serie de problemas y necesidades todavía mayores -asumidos positivamente como retos- en los que está en juego la misma existencia de los medios públicos.
El primer reto que enfrentan los llamados medios públicos en México es serlo en realidad. Para empezar, no existen jurídicamente como medios públicos. En realidad son medios gubernamentales o de Estado, permisionarios o concesionarios los más afortunados. Un acuerdo de la Secretaría de Gobernación los describe como medios de comunicación masiva administrados y operados por el Gobierno Federal o por gobiernos estatales con recursos públicos y que no persiguen fines de lucro[1]. Quienes trabajamos en los medios de comunicación, soslayamos estas definiciones tan acotadas y nos denominamos –como aspiración- “medios con vocación de servicio público”.
En México, muchos medios gubernamentales, a lo largo de la historia, han hecho las veces de instrumentos de propaganda política al servicio del gobierno en turno y de manipulación informativa. Desde hace unos años, sin embargo, otros están haciendo esfuerzos por transitar de un modelo gubernamental a uno de servicio público. ¿Pero cómo y en qué medida se está logrando? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los rasgos distintos de los verdaderos medios públicos?
La experiencia comparada, las reflexiones colectivas de organismos supranacionales y la doctrina sobre la materia permiten afirmarlo. En el libro Medios de servicio público y transparencia: análisis y medición de su desempeño[2], recientemente publicado, el Dr. Ernesto Villanueva y yo aportamos contenidos teóricos y elementos jurídicos sobre la justificación y características de los medios de servicio público en el ámbito internacional, además de describir y analizar nueve medios de servicio público mundiales (Australia, Canadá, Azerbaiyán, Chile, Estados Unidos, España, Chile, Estados Unido, Francia y Sudáfrica). Aunque cada país es un estudio de caso, lo cierto es que existe un mínimo común denominador de rasgos y deberes, ya sean en países desarrollados o en desarrollo.
En términos generales, podríamos mencionar los siguientes:
1. Descripción del medio: los medios públicos han de reflexionar y plasmar en documentos, de forma clara, su función y sus objetivos, destacando sus particularidades como medios de servicio público. Han de responder claramente qué son, por qué, para qué y cómo lo van a lograr, en un ejercicio de reflexión y evolución, así como determinar y distinguir sus valores, principios y políticas de comunicación, que guíen su desarrollo. La UNESCO destaca su universalidad; diversidad; independencia y distinción.
2. Gestión y dirección: los responsables de los medios han de tener experiencia, habilidades, competencia y capacidad en el ámbito, y no estar vinculados a cargos políticos ni servir a sus intereses. Su CV ha de estar al alcance de la audiencia. Debería procurarse también la equidad de género. Han de cumplir con los informes de gestión y rendición de cuentas no sólo ante las autoridades, sino también ante sus audiencias, y establecer internamente parámetros o indicadores de desempeño, a fin de mostrar sus resultados y desarrollo. De igual manera, han de responsabilizarse de establecer y cumplir con una serie de políticas de comunicación, que aunque cambiantes a lo largo del tiempo, permanezcan más allá de sus periodos de gestión, por el bien y la función original del medio. Especial mención merece su obligación de lograr buenos balances presupuestales, procurando evitar los sobre ejercicios y sub ejercicios.
3. Trabajo informativo: los medios públicos han de garantizar su independencia y autonomía editorial (tanto frente a los distintos gobiernos, como frente a los poderes privados), aunque tengan claro su carácter institucional. Han de informar basándose en documentos de autorregulación, y establecer mecanismos de revisión editorial, protección de derechos tanto para los profesionales como para las audiencias, representación y comunicación con la dirección general, etc. Han de procurar que los periodistas no tengan que combinar su trabajo con otro distinto e incluso incompatible con su misma función, etc.
4. Contenidos, producción y programación: los medios han de tener políticas –que sean públicas, convenidas por todos y revisados- sobre estos rubros. Han se asegurar la pluralidad, la diversidad, la innovación y la experimentación de géneros, formatos, temáticas y públicos; adoptar una programación susceptible de formar masa crítica; promover la producción propia y la independiente; ocuparse de las minorías y de los menores; proteger y mejorar el idioma; justificar las adquisición y emisión de contenidos extranjeros y los horarios de emisión, entre otros puntos. Han de procurar la construcción de públicos con una propuesta de calidad.
5. Publicidad y patrocinios: los medios públicos operan con presupuesto público, pero también dan salidas para ingresos complementarios por la vía publicitaria, recaudación de fondos y prestación de servicios. El vender o no publicidad es crucial en la naturaleza de los medios públicos. En las democracias consolidadas y en las emergentes la venta de publicidad nunca supera el 50 por ciento del presupuesto del medio, pero esta posibilidad está debidamente considerada en su marco normativo. Al respecto, hay numerosas recomendaciones al respecto.
6. Trabajadores, servicios y ambiente laboral: los responsables han de tomar medidas contundentes para lograr la evaluación y las oportunidades de trabajo de los empleados en base a competencias y habilidades, en un proceso público y transparente. Se han de establecer relaciones contractuales mejores, así como generar entornos laborales agradables y adecuados, y proporcionar servicios a sus trabajadores (asistencia médica, traslados, servicio de alimentación, áreas de esparcimiento y para fumar, etc.). Clave es también invertir en capacitación y actualización. De la misma forma, se ha de medir la satisfacción laboral e implementar un buen sistema de comunicación interna.
7. Relación con las audiencias y con la sociedad: los medios públicos han de establecer una cercanía y retroalimentación con las audiencias. Se debe procurar su presencia en pantalla, su participación. La labor más importante de un medio público es consolidar y construir nuevas audiencias, estudiar sus necesidades y demandas, y satisfacerlas de la mejor forma. Para ello, los medios públicos realizan estudios cualitativos de contenidos y de audiencias de forma periódica. También cuantitativos, pero asumiendo que el rating, aunque importante, no es prioritario para los medios de carácter público. En ese sentido, deben considerar y reflexionar sobre la conveniencia de invertir mucho dinero en estudios cuantitativos y nada en cualitativos, como ocurre actualmente en la mayoría de los casos.
8. Internet: medio complementario, los medios públicos desarrollan aplicaciones y crean nuevos públicos, siempre con la responsabilidad de autorregularse.
9. Cultura de la transparencia: los medios públicos rinden cuentas y cumplen no sólo con las leyes respectivas, sino que voluntariamente contribuyen al establecimiento de la cultura cívica de la transparencia.
10. Accesibilidad: los medios públicos han de hacer accesibles sus contenidos a las personas con capacidades diferentes.
11. Conversión digital: la transición a la televisión digital terrestre (TDT) es un proceso de largo plazo en el que se requiere realizar inversiones en infraestructura en la parte de transmisión, en producción para generar contenidos atractivos en alta definición; de igual forma, el público televidente requiere contar con receptores o decodificadores que puedan captar las señales digitales de la TDT. En Estados Unidos, se prevé la conclusión de la conversión digital en 2009, en Europa, 2011, y en México, en 2021. En el caso de la radio, la mayoría de países ya han elegido su modelo, algo que no ha ocurrido en México.
Estos 11 rasgos y retos son fundamentales. Pero, ¿qué ocurre en México? ¿En qué medida los medios con vocación de servicio público que quieren ser públicos los logran? En el libro citado de mi co-autoría, que tiene como objetivo ser un punto de partida en el análisis a fondo de los medios de servicio público en el marco de la discusión legislativa sobre eventuales reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, se analizan y evalúan a fondo nueve medios gubernamentales mexicanos de alcance federal: el Canal 22 Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22), XEIPN Canal Once (Canal Once), Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (Canal del Congreso), Canal de Televisión del Poder Judicial de la Federación (Canal Judicial), TVUNAM Canal Cultural de los Universitarios (TVUNAM), Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Radio Educación y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano S.A. de C.V. (Notimex).
¿Cómo se ha realizado el análisis y medición? A partir de la información obtenida por casi 2,800 solicitudes de información pública vía ley de acceso, utilizando el Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Federal de Acceso a la Información (SISI), a excepción del Canal Judicial, del Congreso y TV UNAM, en cuyos casos se utilizó el portal de Transparencia de cada una de las entidades con base en el artículo 61 de la Ley y su normatividad correspondiente.
Se han construido así 12 indicadores de desempeño sobre descripción del medio; trabajo informativo; contenidos y producción; programación; publicidad y patrocinios; gestión y dirección; servicios y ambiente laboral; servidores públicos; relación con las audiencias; relación con la sociedad; Internet; cultura de la transparencia, y se ha hecho un ejercicio de estadística aplicada sin precedentes.
En el libro se pueden apreciar las preguntas realizadas; qué porcentaje de obtención de información hubo; cuáles fueron los parámetros de evaluación sobre lo entregado; la información ofrecida por los medios; su correspondiente evaluación y observaciones y la calificación final de cada medio, a modo de ranking, en cada uno de los indicadores (en información anexa se muestran calificaciones finales).
Además, se ofrece también información detallada sobre presupuestos asignados y ejercidos; titulares de los medios e instituciones (salarios y perfiles); puestos de trabajo y oportunidades de futuro; presupuestos para capacitación en contraste con los presupuestos para medición de audiencia y número de estudios cualitativos, etc.
Por último, se realiza también un análisis detallado y crítico sobre el desempeño del Consejo Nacional de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación (único organismo oficial con la responsabilidad de coordinar las actividades referidas en la Ley Federal de Radio y Televisión).
Las calificaciones generales otorgadas en el análisis empírico realizado dan cuenta de que queda mucho por hacer: de nueve medios de comunicación, sólo tres aprueban (Canal Once, Canal 22 e IMER), no logrando dos de ellos, sin embargo, ni llegar a los seis puntos. Es decir, el 66.7% de los medios reprueban en su desempeño.
Mencionaré algunos datos objetivos de la situación:
El 62% de los medios e instituciones afirma tener documentos de autorregulación, pero muchos no lo son en realidad o están mal elaborados y enfocados, como se desprendió de su evaluación posterior.
Respecto al trabajo informativo, sólo el 37.5% tienen manuales o códigos de estilo y garantizada expresamente la independencia editorial.
Sólo un 25% cuenta con criterios de calidad claros en todas sus áreas de trabajo.
Destaca el hecho de que la mayoría no tengan documentos de políticas que guíen y orienten la publicidad y/o los patrocinios, según apliquen por permiso o concesión.
Ninguno cuenta con políticas o pautas que guíen la producción orientada a los niños, a excepción del Canal Once.
Los medios que han tenido mayor equilibrio en su presupuesto asignado y el ejercicio son Canal Once y Canal Judicial. Destacan los subejercicios y sobreejercicios en la mayoría. El presupuesto medio de la DGTVE ha sido de 1.033,5 millones de pesos, y ha llegado a tener más de 500 millones de subejercicio y sobreejercicio.
El Canal Once no cuenta con ningún puesto de base por su régimen contractual, que es de prestación de servicios (pago honorarios).
El medio con más trabajadores sindicalizados es Radio Educación. El que menos, Canal Once, que no tiene ninguno.
No hay equidad de género, ya que sólo un 10.95% de los titulares de los medios a lo largo de su historia han sido mujeres.
Los salarios de los titulares oscilan entre los 119.000 pesos y los 153.560 pesos brutos mensuales.
Sólo el 25% de los titulares encargados de los medios ha tenido experiencia en medios de comunicación propiamente en los 5 años previos a la asunción del cargo.
El 37% de los titulares tienen su CV publicado en Internet.
Los salarios mensuales brutos promedio del personal en las dependencias analizadas oscilan entre los 15 y los 17 mil pesos. El salario promedio más alto es el de DGTVE y el más bajo el de Notimex.
La mayor permanencia laboral se da en la DGTVE (20 años), seguida por Radio Educación (14) e IMER (10). La menor, en Notimex (4 años).
En 5 años sólo tres medios han convocado concursos públicos, en contadas ocasiones y para 1 plaza por concurso: Canal del Congreso (1), DGTVE (1) y Radio Educación (2). El resto ninguna.
El Canal Once es el medio que más presupuesto destina a capacitación, y el que menos, el Canal Judicial.
Sólo la mitad de medios dispone de servicio médico.
El 75% de los medios no tiene biblioteca propia.
El 62.5% no ha hecho encuestas de satisfacción laboral en los últimos tres años.
El 62.5% de los medios o instituciones asegura tener un área dedicada al estudio de contenidos y de audiencias, pero sólo la mitad de ellos cuenta con políticas o pautas al respecto.
Sólo el 12.5% realiza estudios cualitativos de audiencia.
En contraste, el Canal Once es el que más paga a empresas externas como IBOPE (1.162.249,80 de pesos en 2006) para medición cuantitativa de audiencias (rating).
Todos los medios cuentan con dominios de Internet, pero muchos fallan todavía en la estructura de sus páginas o en la información ofrecida.
Sólo el 12.5% ha adaptado su página para que personas con capacidades diferentes puedan navegar, lo cual muestra un atraso puesto que las nuevas tecnologías ya lo permiten y son medios de servicio público que deberían ser ejemplo.
Lo anterior es el resultado de un estudio de los medios gubernamentales más grandes, sería interesante hacer lo propio con los medios estatales.
Ante esto, ¿qué soluciones hay? Yo establecería tres líneas de acción complementarias:
1. La primera sería, por supuesto, reformar el marco jurídico. La ley no prevé hoy en día qué debe ser un medio público. Es más, los permisionarios están catalogados también como de interés público, no de servicio público. Se trata de uno más de los desafíos que tiene frente a sí el Congreso de la Unión, que de nuevo se ha vuelto a paralizar en este sentido pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la acción de inconstitucionalidad 26/2006, por la cual se declararon inválidos varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, reformados y publicados el 11 de abril de 2006 y que dejaron vigente la que conocemos como “Ley Televisa”. De nada sirvió tampoco el establecimiento en octubre de 2007 del Grupo Plural del Senado para la Reforma de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, disuelto el 30 de abril de este año sin una iniciativa al respecto. Ni se toca a los medios privados ni se resuelve la situación de los gubernamentales. Como siempre, no hay condiciones políticas, aunque sí lineamiento internacionales como los de la Commonwealth Broadcasting Association y la UNESCO[3] que sirven para diseñar un marco normativo en materia de radio y televisión aplicable en un Estado democrático de derecho, por ejemplo. Lo deseable y necesario sería que en breve, los grupos parlamentarios retomaran el tema en sus agendas legislativas y –al menos en el terreno de los medios públicos- se establecieran medidas de urgencia.
2. En tanto esto ocurre, la segunda línea de acción para mejorar los medios con vocación de servicio público es tratar de mejorar el trabajo interno. Algunos rasgos y requisitos mencionados requieren legislación (por ejemplo, en el tema de la publicidad), pero en casi todos se puede avanzar con voluntad, estableciendo políticas y cambiando poco a poco el quehacer diario. Es una cuestión de visión, profesionalismo y responsabilidad. La ausencia de definiciones legales no ha sido obstáculo para realizar acciones positivas, como demuestra el estudio mencionado.
3. Y la tercera línea de acción es el trabajo externo y de coordinación con el resto de medios. En la actualidad falta una visión común y una articulación de acciones y esfuerzos. El libro mencionado evidencia la falta de dirección, coordinación y evaluación de los medios por parte de las autoridades; cada uno se desarrolla a diferentes velocidades, de diferentes maneras y con muy distintos criterios y resultados. No hay políticas de Estado al respecto, y el desarrollo de los medios depende del estilo de sus directores. Además, se realiza un escaso trabajo de vinculación.
Pese a todo lo anterior, las perspectivas, la potencialidad y la capacidad de los medios de servicio público son muchas y positivas. El libro mencionado no pretende ser una crítica destructiva, sino un punto de partida para saber qué mejorar y cómo nuestros medios. Las autoridades deberán realizar un ejercicio de reflexión y de cambios profundos a corto plazo.
El desarrollo de una sociedad más democrática, diversa y plural también depende de ello. El reto para todos es lograr que la sociedad mexicana tenga justificadamente medios públicos con público y al servicio de todos.
[1] En Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que año con año expide la Secretaría de Gobernación.
[2] Navarro, Fidela y Villanueva, Ernesto: Medios de servicio público y transparencia: análisis y medición de su desempeño, Senado de la República y UNAM, México, 2008
[3] Salomon, Eve, Guidelines for Broadcasting Regulation, Commonwealth Broadcasting Association and UNESCO, 2005, http://www.cba.org.uk/
Fidela Navarro Rodríguez, periodista española que radica en México desde hace tres años, es licenciada con premio extraordinario en Ciencias de la Información en la especialidad de Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Valencia (España) y Maestra en Comunicación con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana-Plantel Santa Fe-México D.F, becada por el gobierno mexicano mediante el programa MUTIS para estudiantes extranjeros. Sus estudios han centrado en las líneas temáticas de Comunicación y Política y Derecho a la Información
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